1- Sin agobiar con las cifras, unas cuantas para situar y facilitar la explicación posterior.
Según los datos de la última encuesta del INE disponible (1-1-2009), el número de extranjeros empadronados en el conjunto del Estado asciende a 5.598.691, lo que representa el 12% del conjunto de la población.
En la CAPV el numero de personas extranjeras empadronadas asciende a 132.189, lo que representa el 6,1% de la población.
A 30-9-2009, el número de personas con permiso de residencia y certificado de registro ascendía a 4.715.561, de las cuales 2.535.927 están en Régimen General y 2.179.830 en Régimen Comunitario.
En la CAPV, a fecha 30-9-2009, el número de personas con permiso de residencia y certificado de registro asciende a 104.074, de las que 60.482 están en Régimen General y 53.008 en Régimen Comunitario.
De las 60.482 personas que están en Régimen General, 6.563 tienen un permiso inicial, 13.928 una primera renovación, 17.358 una segunda renovación y 19.556 un permiso permanente.
Según la Encuesta de Población Activa correspondiente al tercer trimestre de 2009, la tasa de paro del conjunto del Estado asciende al 17,93%, es decir 4.123.300 parados y paradas.
La tasa de paro de las personas que tienen nacionalidad española asciende al 16,12%, 3.116.600 personas.
La tasa de paro de las personas extranjeras asciende al 27,51%, 1.006.700 personas.
En el año 2001, 16.743 personas extranjeras adquirieron la nacionalidad española por residencia.
En el año 2007, 71.810 personas adquirieron la nacionalidad española por residencia.
Prácticamente el 10% de las autorizaciones de residencia son de carácter no lucrativo, la mayoría de las cuales provienen de reagrupaciones familiares.
2- Lo que nos indican las cifras apuntadas
Que la inmigración que tenemos es muy estable. Así lo muestra la estructura de sus permisos
Que la mayoría ha venido a quedarse. Se hace un gran esfuerzo por renovar los permisos
Que la mayoría, a pesar de la crisis y de lo fuerte que les está golpeando, opta por quedarse, y que lo hace con sus familias.
Que una cantidad creciente de personas adquiere la nacionalidad española por residencia, fundamentalmente las provenientes de América Latina.
Que, aunque al Gobierno le hubiese gustado otra cosa, tenemos una inmigración de poblamiento, con vocación de permanencia, fundamentalmente estable y que no se va a marchar porque la coyuntura económica sea mala.
Y con eso tiene que trabajar el movimiento obrero organizado
3- ¿Con qué tiene que trabajar el movimiento obrero?
Con una población trabajadora que no tiene los mismos derechos que la población trabajadora autóctona.
En relación con el tema que estamos abordando, esa población trabajadora se encuentra en siete situaciones diferentes:
- Irregularidad absoluta
- Irregularidad empadronada
- Regularizada con permisos de residencia y trabajo temporales. Inicial de 1 año, primera renovación de 2 años, segunda renovación de 2 años.
- Regularizada solo con permisos de residencia temporales
- Titular de permiso permanente
- Familiar de comunitario
- Comunitario
Desde el punto de vista laboral, no hay equiparación legal con los trabajadores autóctonos hasta adquirir el permiso permanente. Este permiso ha cambiado de denominación con la nueva Ley, la que ha entrado en vigor el 14 de diciembre, y se llamará de larga duración.
Tampoco tiene los mismos derechos desde el punto de vista social y familiar.
- Su derecho a vivir en familia está limitado a un procedimiento de reagrupación
- Es casi imposible reagrupar a los ascendientes. Más todavía con la nueva Ley
- Hasta ahora las personas reagrupadas adquirían autorización de residencia, no de trabajo y residencia. Esto cambia con la nueva Ley para el caso del cónyuge y los hijos en edad laboral.
Esos trabajadores y trabajadoras tienen:
- Menos derechos que los autóctonos
- Una dependencia administrativa que no tienen los trabajadores autóctonos, hasta que adquieran el permiso permanente, el que de ahora en adelante se llamará larga duración.
- La posibilidad de perder sus papeles y pasar a la irregularidad, o la de perder su antigüedad y que se les ponga el contador a cero y tengan que engancharse por el sistema de arraigo social.
- Al estar el Régimen General prácticamente cerrado, pasan de la irregularidad a la regularidad por el sistema de arraigo social, que requiere una estancia continuada previa de tres años empadronada en situación de irregularidad y sobreviviendo en la economía sumergida. El sistema de arraigo laboral ha sido un fracaso total.
- Sufren una doble fragilidad, la fragilidad general del mercado de trabajo (exclusión, paro, temporalidad de los contratos de trabajo, precariedad laboral), y una específica fragilidad administrativa, la de la dependencia de los permisos temporales y de los mecanismos jurídico administrativos en vigor (limitaciones profesionales y geográficas, cotizaciones, nuevos contratos, etc)
- Lo que esa larga espera (la del arraigo social) representa desde el punto de vista social y familiar: vivir solos; en habitaciones alquiladas y con problemas con el padrón; no poder abordar la reagrupación hasta 4-5 años o más de haber llegado.
- Son víctimas de la xenofobia y el racismo, institucional y social
Se ha ido construyendo un trabajador socio laboralmente muy debilitado, al que se le hace difícil enfrentarse a la vez a los dos tipos de problemas que tiene: fragilidad laboral general y fragilidad jurídico-administrativa específica. Es un trabajador muy presionable y muy presionado por los patronos, que utilizan los mecanismos de extranjería para imponerle de facto, en la práctica, condiciones laborales onerosas.
Es un trabajador con una estructura familiar mucho más estrecha que la población autóctona, con bastantes menos amortiguadores sociales, teniendo que acudir muy rápidamente a los servicios sociales y a las prestaciones sociales.
En la práctica, en muchas ocasiones, no le queda más remedio que optar por dar prioridad al mantenimiento de su situación administrativa regular, frente a otras posibles necesidades y reivindicaciones.
Todo lo anterior hace que sus preocupaciones, sus aspiraciones principales, las más urgentes, pueden no coincidir con las de los trabajadores autóctonos.
De ahí que el movimiento obrero organizado tenga que incorporar a su mundo reivindicativo las reivindicaciones específicas de esa población trabajadora que está en situación de discriminación y desigualdad.
4- Líneas de actuación
- Evitar, combatir la idea de que los trabajadores inmigrantes son competidores de los autóctonos, tanto en el acceso al trabajo como a las prestaciones sociales. Lo peor que le puede ocurrir al movimiento obrero es que se instale en su seno una idea de competencia entre trabajadores.
- No olvidar nunca que los sindicatos nacieron, en muy buena medida, para evitar la competencia y la división entre trabajadores.
- Romper con la visión utilitarista de la inmigración, con la idea de que se queden si nos son útiles a nosotros, y que se marchen si eso deja de ser así. Es necesario combatir la hipertrofia del “nosotros”, el concebirnos a nosotros como los únicos sujetos con derechos y que el resto es dependiente.
- Los problemas son de todos los que estamos aquí. Y la salida tiene que ser para todos. Por poner un ejemplo, la salida, la que fuere, tiene que ser para los cuatro millones y pico de parados, no solo para los tres millones de autóctonos.
- Romper con la imagen del trabajador o la trabajadora inmigrante como complementario. Yo, autóctono, ocupo tales puestos de trabajo, y tu, inmigrante, tienes que ocupar esos otros que van quedando libres. Y además quiero que te quedes ahí, sin salirte de tu carril, y si esos puestos desaparecen te vas y punto.
- Reforzar la consideración del trabajador y la trabajadora inmigrante como parte de la sociedad, en todos los terrenos, en el sociolaboral y en el político.
- Reforzar las políticas sociales de inclusión y ciudadanía para todas las personas que vivimos aquí, en aspectos tales como la gestión de la crisis, fomento de la ocupación, vivienda social, ayudas y servicios públicos
- Reivindicar la igualdad de derechos y la igualdad de trato en todo lo que tenga que ver con las medidas contra el paro y la precariedad laboral, independientemente del origen nacional de las personas.
- Rechazar expresamente los criterios de preferencia nacional.
- Incorporar a la actividad sindical sus reivindicaciones específicas
Agustín Unzurrunzaga
Oficina de Información de SOS Racismo de Gipuzkoa
Existe una vinculación directa entre crecimiento económico y del empleo e inmigración. La llegada de trabajadores inmigrantes se intensifica en todos los países cuando la economía crece y se desacelera cuando la economía se debilita.
España ha tenido un crecimiento económico notable a partir de la década de los 90 con un crecimiento paralelo del empleo muy significativo, lo que comportó un incremento sustancial en el porcentaje de afiliados extranjeros con respecto al total de afiliados a nivel español, pasando del 2,3% en 1999 al 10,3% en 2008. Sin embargo, en el actual contexto de crisis económica el desempleo ha afectado de forma más virulenta a los trabajadores extranjeros con un incremento interanual del paro de este colectivo del 108%.
A pesar de la expresada situación coyuntural, es evidente que, tanto por aspectos demográficos como la escasa tasa de natalidad española (1,46 hijos por mujer), y el progresivo envejecimiento de la población (actualmente el 17% de la población es mayor de 65 años y las proyecciones señalan que en 2050 supondrán el 35% de la población), como por aspectos profesionales, como la dificultad de cubrir determinados puestos de trabajo, cualificados y no cualificados, en diversos sectores y ocupaciones, como consecuencia, fundamentalmente, del desajuste formativo entre las necesidades empresariales y la oferta formativa, se requerirá la necesidad de contratación de trabajadores inmigrantes en cifras relevantes.
En este sentido, deben analizarse los principios y mecanismos más adecuados que han de regir la contratación de trabajadores inmigrantes.
El criterio básico que guía la regulación de la inmigración en nuestro país es el carácter eminentemente económico de los flujos migratorios que llegan a España, vinculándose la política de inmigración con el mercado de trabajo. El mecanismo idóneo para el tratamiento de la inmigración económica es el establecimiento de instrumentos ágiles y flexibles que permitan la contratación de trabajadores extranjeros cuando sean necesarios, en aquellos casos que sean demandados por las empresas como consecuencia de las exigencias del mercado laboral.
Estos mecanismos deben basarse en los principios de contratación en origen y control de los flujos migratorios. Estos principios son beneficiosos tanto por las empresas, como por los trabajadores inmigrantes y la sociedad de acogida.
A las empresas les beneficia porque supone que recibirán a aquellos trabajadores que precisan y con el perfil profesional requerido.
A los trabajadores inmigrantes porque llegan a nuestro país con un contrato de trabajo, con una autorización de residencia y trabajo, con sus condiciones laborales garantizadas, y con mayores posibilidades de integración, evitando los riesgos de acceder a nuestro país por medios peligrosos y la actuación de las mafias que se aprovechan de su situación de ilegalidad y precariedad.
A la sociedad de acogida, porque vienen las personas que pueden ser absorbidas por el mercado laboral y se facilita el control sobre los recursos asistenciales, sanitarios y prestacionales, eliminando posibles tensiones.
En consecuencia, lo que se deben promover son mejoras en los mecanismos de contratación en origen, tanto en el sistema de régimen general, como en los procedimientos de contingente de trabajadores extranjeros y en el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura.
Con carácter general se tendrían que introducir, entre otras, mejoras que comporten la eliminación de trámites burocráticos y la reducción de los plazos existentes desde que una empresa inicia la tramitación para contratar a un trabajador extranjero hasta que se aprueba la autorización correspondiente; la mayor participación de las empresas en el proceso de selección de los trabajadores; o la agilización en procesos de homologación y convalidación de títulos o certificados que habiliten para prestar servicios en nuestro país, siempre bajo la premisa del control de flujos para que se facilite la selección y contratación de los trabajadores que efectivamente requieran las empresas.
Javier Ibars Álvaro
Director de Relaciones Laborales y Asuntos Sociales
Sin duda, abordar los condicionantes que explican la segregación laboral de la mujer migrada en el mercado de trabajo e identificar los principales retos y las posibles soluciones, adquiere una complejidad específica en un contexto de crisis económica como el que ahora se manifiesta con gran intensidad en nuestra sociedad. Ante la crisis, corremos el riesgo de acentuar la dualidad sexual del mercado de trabajo y las formas de segregación horizontal y vertical que afectan negativamente a las mujeres en general, y las migradas en particular, lo que nos aleja de la igualdad salarial, de la protección de sus derechos como trabajadoras y, por tanto, de su inclusión en la ocupación de calidad.
Tal como nos recuerdan los trabajos de Ruth Mestre4, si las mujeres procedentes de países más pobres emigran para “realizar trabajos de mujeres”, esto es así por el hecho de que la sociedad de destino les asigna precisamente estas ocupaciones. Para el caso catalán y español, esta asignación se explica sobre la base de un tipo de regulación que contribuye a fijar unas determinadas pautas de incorporación laboral. Son tres los principales elementos normativos que generan procesos de diferencia, desigualdad y subordinación en el mercado de trabajo: los contenidos y principios de la política migratoria; la desregulación laboral de las ocupaciones femeninas de baja calidad -el trabajo doméstico asalariado, por ejemplo-; así como las respuestas políticas -o la falta de respuestas- ante la gestión del cuidado de las personas dependientes. Todos ellos contribuyen a definir un espacio social que sitúa a las mujeres migradas en una posición de inferioridad en el mercado de trabajo.
La concentración de una parte considerable de las mujeres migradas en determinados segmentos laborales (como el trabajo doméstico asalariado y otros servicios escasamente remunerados), no se explica a partir de las propias características o estrategias de estas trabajadoras (las diferencias salariales en relación al país de origen, el tipo de proyecto migratorio, el tiempo de asentamiento en la sociedad receptora, la falta de capital social, etc.). Además, es resultado de una serie de procesos discriminatorios que tienen que ver con un complejo entramado de factores de desigualdad (género, clase social, grupo étnico, nacionalidad, etc.), que interactúan de forma simultánea a través de las prácticas y los discursos.
Después de un breve diagnóstico sobre cuál es la situación, podemos reflexionar sobre los principales retos para superar la subordinación laboral que afecta a las mujeres migradas desde sus múltiples conexiones e intersecciones, tanto a escala estructural como a la hora de pensar acciones políticas concretas en un contexto de crisis económica. Sin duda, la principal situación de riesgo que plantea la crisis económica a las personas migradas es el paro, con el agravante de que la mayor parte de ellas no pueden percibir la prestación por paro. Para el caso de las mujeres migradas, el hecho de que inicialmente se destruyera la ocupación sobretodo en los sectores de la construcción y sectores dependientes, provocó que el paro las afectase en menor medida. De todas maneras, desde el tercer trimestre de 2008, esta situación cambia y empieza a incrementarse también el nombre de mujeres paradas, coincidiendo con la expansión de la crisis de ocupación hacia el sector de los servicios poco calificados5.
- Partiendo del hecho indiscutible de que la ocupación es el factor clave para la cohesión social, hay que superar todas las barreras que, desde el género, la nacionalidad y la condición social de “migradas”, obstaculizan su acceso: déficits de formación -si los hay-, sobrecalificación, trayectorias previas de inactividad laboral, dificultades derivadas de la conciliación de la vida familiar y laboral, etc. La incorporación de estas mujeres en el mercado de trabajo en condiciones de igualdad no sólo supondrá avances en sus condiciones de vida (autonomía económica, desarrollo de capacidades, etc.) y en el ejercicio de la igualdad de oportunidades; sino que permitirá aprovechar de forma más eficiente un capital humano que ahora se desaprovecha y que será necesario en un contexto de cambio de modelo económico hacia actividades de mayor valor añadido.
- Otro frente de acción a revisar es el procedimiento de homologación y convalidación de títulos académicos y profesionales extranjeros, así como repensar los criterios para la obtención de la autorización de trabajo de las personas reagrupadas -debería de ser automática-. Así queda recogido en el Pacto Nacional para la Inmigración que ha elaborado el Gobierno de la Generalitat de Catalunya (2008), aprobado el pasado 19 de diciembre, donde se establece la conveniencia de fomentar el acceso de las personas reagrupadas en el mercado de trabajo y de modificar la normativa de extranjería para unificar la autorización de residencia y trabajo6.
- Repensar las políticas públicas de gestión del cuidado desde la transformación del papel de la mujer como “cuidadora universal” y el abandono de las “soluciones privadas” que se sustentan en la precariedad de determinados colectivos y en las desigualdades de género. Nos encontramos ante la necesidad de un cambio de modelo económico que exige la reorganización del cuidado y de la protección social, a fin de mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras migradas que actualmente la desarrollan desde un mercado desregulado, que ha adquirido una dimensión internacional y que proporciona a las familias mano de obra femenina a bajo coste.
- Dado que una parte de las mujeres migradas tienen sus hijos en el país de origen y gestionan organizaciones familiares transnacionales, es necesario que las políticas migratorias no obstaculicen las estrategias familiares. La situación de irregularidad de muchas de estas trabajadoras o la dificultad de acreditar los requisitos exigidos para iniciar los procesos de reagrupación familiar, imposibilita los contactos las familias (no poder viajar al país de origen, tener que alargar los periodos de separación más de lo previsto, etc.) y promueve los efectos negativos de las separaciones físicas.
- Un último reto, pero no menos importante, es diseñar los dispositivos preventivos que permitan evitar riesgos de estigmatización de la población inmigrada en contextos de crisis económica, ya que a menudo los y las inmigrantes son vistos como culpables del incremento del paro y de la precariedad laboral.
Sònia Parella Rubio
Departamento de Sociología de la UAB
Investigadora del GEDIME (Grup d’Estudis sobre Immigració i Minories Ètniques)
