Retos ante la inserción laboral de las mujeres migradas en un contexto de crisis de ocupación

Sin duda, abordar los condicionantes que explican la segregación laboral de la mujer migrada en el mercado de trabajo  e identificar los principales retos y las posibles soluciones, adquiere una complejidad específica en un contexto de crisis económica como el que ahora se manifiesta con gran intensidad en nuestra sociedad. Ante la crisis, corremos el riesgo de acentuar la dualidad sexual del mercado de trabajo y las formas de segregación horizontal y vertical que afectan negativamente a las mujeres en general, y las migradas en particular, lo que nos aleja de la igualdad salarial, de la protección de sus derechos como trabajadoras y, por tanto, de su inclusión en la ocupación de calidad.

Tal como nos recuerdan los trabajos de Ruth Mestre⁴, si las mujeres procedentes de países más pobres emigran para “realizar trabajos de mujeres”, esto es así por el hecho de que la sociedad de destino les asigna precisamente estas ocupaciones. Para el caso catalán y español, esta asignación se explica sobre la base de un tipo de regulación que contribuye a fijar unas determinadas pautas de incorporación laboral. Son tres los principales elementos normativos que generan procesos de diferencia, desigualdad y subordinación en el mercado de trabajo: los contenidos y principios de la política migratoria; la desregulación laboral de las ocupaciones femeninas de baja calidad -el trabajo doméstico asalariado, por ejemplo-; así como las respuestas políticas -o la falta de respuestas- ante la gestión del cuidado de las personas dependientes. Todos ellos contribuyen a definir un espacio social que sitúa a las mujeres migradas en una posición de inferioridad en el mercado de trabajo.

La concentración de una parte considerable de las mujeres migradas en determinados segmentos laborales (como el trabajo doméstico asalariado y otros servicios escasamente remunerados), no se explica a partir de las propias características o estrategias de estas trabajadoras (las diferencias salariales en relación al país de origen, el tipo de proyecto migratorio, el tiempo de asentamiento en la sociedad receptora, la falta de capital social, etc.). Además, es resultado de una serie de procesos discriminatorios que tienen que ver con un complejo entramado de factores de desigualdad (género, clase social, grupo étnico, nacionalidad, etc.), que interactúan de forma simultánea a través de las prácticas y los discursos.

Después de un breve diagnóstico sobre cuál es la situación, podemos reflexionar sobre los principales retos para superar la subordinación laboral que afecta a las mujeres migradas desde sus múltiples conexiones e intersecciones, tanto a escala estructural como a la hora de pensar acciones políticas concretas en un contexto de crisis económica. Sin duda, la principal situación de riesgo que plantea la crisis económica a las personas migradas es el paro, con el agravante de que la mayor parte de ellas no pueden percibir la prestación por paro. Para el caso de las mujeres migradas, el hecho de que inicialmente se destruyera la ocupación sobretodo en los sectores de la construcción y sectores dependientes, provocó que el paro las afectase en menor medida. De todas maneras, desde el tercer trimestre de 2008, esta situación cambia y empieza a incrementarse también el nombre de mujeres paradas, coincidiendo con la expansión de la crisis de ocupación hacia el sector de los servicios poco calificados⁵.

• Partiendo del hecho indiscutible de que la ocupación es el factor clave para la cohesión social, hay que superar todas las barreras que, desde el género, la nacionalidad y la condición social de “migradas”, obstaculizan su acceso: déficits de formación -si los hay-, sobrecalificación, trayectorias previas de inactividad laboral, dificultades derivadas de la conciliación de la vida familiar y laboral, etc. La incorporación de estas mujeres en el mercado de trabajo en condiciones de igualdad no sólo supondrá avances en sus condiciones de vida (autonomía económica, desarrollo de capacidades, etc.) y en  el ejercicio de la igualdad de oportunidades; sino que permitirá aprovechar de forma más eficiente un capital humano que ahora se desaprovecha y que será necesario en un contexto de cambio de modelo económico hacia actividades de mayor valor añadido.
• Otro frente de acción a revisar es el procedimiento de homologación y convalidación de títulos académicos y profesionales extranjeros, así como repensar los criterios para la obtención de la autorización de trabajo de las personas reagrupadas -debería de ser automática-. Así queda recogido en el Pacto Nacional para la Inmigración que ha elaborado el Gobierno de la Generalitat de Catalunya (2008), aprobado el pasado 19 de diciembre, donde se establece la conveniencia de fomentar el acceso de las personas reagrupadas en el mercado de trabajo y de modificar la normativa de extranjería para unificar la autorización de residencia y trabajo⁶.
• Repensar las políticas públicas de gestión del cuidado desde la transformación del papel de la mujer como “cuidadora universal” y el abandono de las “soluciones privadas” que se sustentan en la precariedad de determinados colectivos y en las desigualdades de género. Nos encontramos ante la necesidad de un cambio de modelo económico que exige la reorganización del cuidado y de la protección social, a fin de mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras migradas que actualmente la desarrollan desde un mercado desregulado, que ha adquirido una dimensión internacional y que proporciona a las familias mano de obra femenina a bajo coste.
• Dado que una parte de las mujeres migradas tienen sus hijos en el país de origen y gestionan organizaciones familiares transnacionales, es necesario que las políticas migratorias no obstaculicen las estrategias familiares. La situación de irregularidad de muchas de estas trabajadoras o la dificultad de acreditar los requisitos exigidos para iniciar los procesos de reagrupación familiar, imposibilita los contactos las familias (no poder viajar al país de origen, tener que alargar los periodos de separación más de lo previsto, etc.) y promueve los efectos negativos de las separaciones físicas.
• Un último reto, pero no menos importante, es diseñar los dispositivos preventivos que permitan evitar riesgos de estigmatización de la población inmigrada en contextos de crisis económica, ya que a menudo los y las inmigrantes son vistos como culpables del incremento del paro y de la precariedad laboral.

Sònia Parella Rubio

Departamento de  Sociología de la UAB

Investigadora del GEDIME (Grup d’Estudis sobre Immigració i Minories Ètniques)