Desempleo, Políticas Activas y Agencias Privadas de Colocación

Desempleo, Políticas Activas y Agencias Privadas de Colocación

Con niveles de desempleo próximos a los 5M de desempleados no cabe duda que las políticas activas para el empleo tenían que repensarse, y que era absolutamente necesario introducir elementos de competitividad en la gestión de las políticas de empleo que son comunes en nuestro entorno y que, por otra parte, muchos estábamos reclamando desde hace muchos años.

Por ello saludamos muy favorablemente, hace ya algunos meses, la iniciativa que Gobierno y Agentes Sociales consensuaron y que se ha plasmó en el Real Decreto-ley 3/2011, de 18 de febrero, de medidas urgentes para la mejora de la Empleabilidad y la reforma de las Políticas Activas de Empleo, Lo que lamentamos, no obstante, es el poco desarrollo que ha tenido la actividad de las agencias hasta este momento.

Al margen de otras consideraciones de carácter más técnico que probablemente haremos en otro comentario, es necesario saludar y reconocer la definitiva consolidación de un modelo que definitivamente proyecta un marco de claridad, transparencia y eficiencia y que, como ya hemos indicado, nos acerca a modelos de gestión del empleo comunes al resto de los países de la UE.

Esperamos que el nuevo ejecutivo potencie y desarrolle este nuevo marco, si lo que queremos evitar es que se consolide permanentemente la situación de desempleo en la que viven una gran parte de nuestros compatriotas. Es necesario que en campo de las políticas activas consolidar un marco de relaciones similar a las del resto de ámbitos como la educación y la sanidad en los que la colaboración y competencia de los sectores público y privado se han mostrado totalmente eficaces. Un modelo que muestra con una concreción explicita, (Holanda es el paradigma) que el Servicio Público de Empleo es tanto más eficaz en su labor de inserción cuando compite realmente con el sector privado.

Por tanto, aunque estemos convencidos de que la legislación consensuada es fruto de “un café para todos” y que deberá ser, de nuevo, reformada a corto plazo, el nuevo marco legal es, sin duda, un paso adelante, que redundará en una mayor eficacia y productividad en la gestión de los recursos y en mayores volúmenes de inserción de los desempleados.  A pesar de que las políticas de empleo no crean empleo si que resultan más eficaces cuando se desarrollan en un marco de competencia entre diferentes actores.

No existe “gestión responsable” sin que en ella se introduzcan criterios de eficacia en términos económicos. Gestión responsable que no tan sólo puede o deber abarcar al mundo empresarial sino que es necesario introducir e incorporar como guía en el ámbito público donde también se hace imprescindible la conjunción de las dos “R”. Responsabilidad y Resultados.

Sin embargo este nuevo marco legal no conseguirá los resultados requeridos si no supone cambios en los paradigmas que han sustentado la gestión “tradicional” de las políticas activas que han destacado por lo menos por la falta de control y por una correcta y adecuada evaluación de sus resultados. Sin este ejercicio, sin análisis de eficacia de las políticas y acciones en este ámbito, no conseguiremos los objetivos propuestos que, como en la propia exposición de motivos de la norma se indica no son otros que “la necesidad urgente de una reforma en profundidad de las políticas activas de empleo con el objeto de adaptarlas a la realidad del mercado laboral y a las características del territorio, aumentar su eficacia en la mejora de la empleabilidad y las posibilidades de inserción de las personas desempleadas”.

Somos muchos los que pensamos que muchas de las acciones que se han desarrollado en estos ámbitos en los últimos años han tenido como destino otras prioridades, probablemente igual de legítimas, pero no aquellas para las que “formalmente” estaban destinadas. Una situación lamentablemente sustentada y amparada por la falta de criterios claros y definidos de evaluación de tales acciones “con el objetivo de responder con decisión a las profundas secuelas que está dejando la crisis económica-financiera en nuestro mercado laboral”, como asimismo se destaca en la norma comentada. Que no se hayan establecido criterios de evaluación de los recursos públicos destinados a los denominados programas experimentales y mucho menos a los de carácter privado destinados a los programas de recolocación incorporados en los llamados “planes sociales” es claramente significativo.

Es indudable que la legislación que se ha consensuado era probablemente el mínimo necesario, y que los propios actores son conscientes que habrá que reformar a medio plazo. Sin embargo esta revisión se hará mucho más urgente y necesaria si (al margen de evitar el intrusismo en éste ámbito) no se establecen rápidamente y con claridad criterios de evaluación y análisis de la eficacia de las acciones desarrolladas.

Desde aquí, al inicio de 2012 reiteramos la voluntad de nuestra compañía de estar presentes en este nuevo marco con el convencimiento de que algo tenemos que aportar.

Equipo Alius Modus