De nuevo, el debate sobre el padrón y la gestión de la inmigración

Después de algunas semanas en que parecía que el tema estaba cerrado, reaparece de nuevo la cuestión del uso del padrón para el control de la inmigración, a partir de las últimas declaraciones del Ayuntamiento de Vic: no limitarán el acceso al padrón de las personas extranjeras en situación irregular, pero se proponen, a partir de esta semana, denunciar al gobierno a aquellas que se empadronen.

Evidentemente, una medida de este tipo disuade a las personas en situación irregular de empadronarse en el municipio, prácticamente sin excepción. Y seguramente también a otras personas extranjeras, aunque se encuentren en situación regular.

Es cierto que hay dificultades importantes en la gestión de los flujos migratorios y de las realidades que de ellos se derivan en los municipios catalanes y españoles. Y también que la administración local tiene que hacer frente a problemáticas importantes sin recursos y, a menudo, sin competencias. Como también es cierto que la ley de extranjería no sólo no resuelve estas dificultades, sino que incluso genera algunas de ellas: por ejemplo, en limitar el acceso al trabajo a personas reagrupadas (generalmente mujeres o jóvenes) que, aunque con dificultades, actualmente podrían encontrar trabajo y aliviar la situación de familias afectadas por el paro de alguno del cónyuge reagrupante (muchos hombres ocupados anteriormente en la construcción). Y también que no existen los recursos ni están establecidos los mecanismos necesarios para hacer efectivos algunos aspectos de la legislación vigente (como la expulsión de las personas en situación irregular).

Pero también es sabido que en las sociedades con una presencia significativa de población inmigrada, especialmente en situaciones de crisis económica, es esperable un incremento de las tensiones sociales, de las percepciones negativas, las actitudes de rechazo y los discursos contrarios al hecho migratorio.

El debate generado a raíz del caso de Vic, las recientes tensiones vividas en Salt, o la presencia en los medios de comunicación en las últimas semanas de los representantes políticos de otros municipios significativos, por tanto, no son extraordinarios en la actual coyuntura. Pero continúa siendo necesario (de hecho, más que nunca) situar el debate y evitar usos poco responsables del hecho migratorio en el discurso político y mediático.

En ningún caso los flujos migratorios y la problemática relacionada con la irregularidad pueden resolverse a través del padrón. Desde un punto de vista estrictamente técnico, el padrón municipal (con todas sus limitaciones, que son muchas) es una de las pocas herramientas de las que disponen los municipios para el conocimiento cuantitativo de la realidad socio-demográfica de su población: permite contabilizar el número, la distribución por edades, sexos, nacionalidades, lugar de origen, lugar de residencia, y algunos otros ítems (número de residentes en un mismo domicilio, nivel educativo, etc.). Es, por tanto, una fuente básica para el análisis estadístico de la población en general o de sectores específicos (por ejemplo, la población extranjera).

A pesar de la legislación vigente, hay población extranjera residente en situación de irregularidad (sea porque han entrado de manera clandestina, o porque se trata de irregularidad sobrevenida por haber perdido los permisos que inicialmente tenían -link post “irregularidad sobrevenida”-). Esta población, precisamente por el hecho de no disponer de la documentación que establece la ley, no puede ser contabilizada por la administración (no consta en los expedientes de datos de permisos de residencia y trabajo, ni en los datos de altas en la seguridad social). Pero que estas personas no aparezcan en los datos oficiales, no significa que no existan: están, y además en condiciones de especial precariedad y vulnerabilidad, con todo lo que eso significa tanto para estas personas como para el conjunto de la sociedad.

La posibilidad de acceso de estas personas al padrón municipal tiene una doble función básica:

• Un mejor conocimiento de la realidad poblacional del municipio, que facilitará su gestión a los ayuntamientos.
• Regular el acceso de estas personas (así como del resto de la población -extranjera o no-) a los servicios básicos universales que nuestra sociedad democrática garantiza: sanidad básica y educación obligatoria.

Cuando el padrón municipal cae en la tentación de convertirse en una herramienta de control (función para la cual, sin ningún lugar a dudas, no ha sido diseñado) se generan dos efectos perversos en relación a la misma necesidad del municipio:

• Primero, se desvirtúa su valor como herramienta de conocimiento de la realidad:
  • Dificulta el conocimiento de la población en situación irregular (con la consiguiente dificultad de gestionarla).
  • Genera un recelo entre la población extranjera que puede disuadirla de empadronarse.

Para dotar de máxima efectividad esta herramienta para la función para la que ha sido concebida, es imprescindible facilitar lo máximo posible su acceso.

• Y segundo, la limitación de acceso al padrón significa también la limitación de acceso a los servicios básicos universales. Esto, de entrada, genera una contradicción con nuestras propias reglas del juego: el sistema democrático y nuestro Estado de Derecho. Pero además, genera problemáticas (vinculadas a la vulnerabilidad y precariedad de sectores sociales, a las disfunciones en el acceso a los servicios, a las dificultades de convivencia) que dificulten la gestión que la administración local hace de los municipios y generan nuevas necesidades de intervención para las que los ayuntamientos no tienen ni recursos ni competencias.

Aplicar medidas restrictivas al acceso al padrón de las personas extranjeras en situación irregular (o en general) con la intención de modificar las realidades de los municipios es, en términos técnicos, un claro error:

• Se consigue modificar los números y disminuir significativamente el porcentaje de población extranjera empadronada, pero sólo porque el padrón deja de reflejar la realidad socio-demográfica.
• A medio plazo, puede tener un cierto efecto disuasorio para esta población, pero no necesariamente. Los elementos de atracción continúan siendo la vivienda asequible, la posibilidad de trabajo, y las redes sociales (la gente puede residir en un municipio y estar empadronado en otro)
• Se pierde la capacidad de conocimiento y justificación de la realidad socio-demográfica (incluso de cara al acceso a financiación pública de programas sociales, por ejemplo)
• Aparecen nuevas problemáticas y dificultades de gestión derivadas de la precarización de sectores de población.
• Hay que tener en cuenta que el empadronamiento es uno de los requisitos para poder iniciar el proceso de arraigo (una de las fórmulas que prevé la ley de extranjería de regularización), en el que la persona en situación irregular demuestra que se ha adaptado a la sociedad de acogida. Sería poco coherente que una persona que está aprendiendo catalán, ya que la educación es un derecho universal que no está condicionado por el pasaporte, no pudiera empadronarse en un municipio catalán.

Para establecer un  símil doméstico, podemos pensar en los cuchillos de cocina. Todos están pensados para cortar, pero cada uno tiene su especificidad. Si utilizamos el cuchillo jamonero para cortar un pollo, por ejemplo, conseguiremos dos cosas: tener dificultades para cortar el pollo (incluso que no lo consigamos), y estropear el cuchillo (con lo que no podremos volver a cortar el jamón como es debido). Utilizar el padrón para el control de flujos (ni que sea indirectamente) también genera este doble efecto: no permite controlar la realidad migratoria (sólo los números) y además pierde su utilidad y fiabilidad como herramienta de conocimiento.